El fabricante del analgésico OxyContin, Purdue Pharma, y sus propietarios lamentaron la crisis de opiáceos en Estados Unidos, aunque sin asumir responsabilidades por la situación, mientras la compañía se declaraba en bancarrota el domingo por la noche dentro de una operación para resolver con un acuerdo unas 2.600 demandas contra la firma, la mayoría de gobiernos locales y estatales.

“Como familias en todo Estados Unidos, sentimos una profunda compasión por las víctimas de la crisis de los opiáceos”, indicaron en un comunicado miembros de la familia Sackler, describiendo el acuerdo preliminar como un “paso histórico para proporcionar recursos clave que abordan una trágica situación de salud pública”.

Sin embargo, la declaración de quiebra podría no evitar a la farmacéutica ni a los Sackler otros problemas legales.

En torno a la mitad de los estados y abogados que representan al menos a 1.000 gobiernos locales han aceptado el principio de acuerdo, que según la empresa podría suponer entre 10.000 y 20.000 millones de dólares a lo largo de varios años, incluyendo al menos 3.000 millones de dólares provenientes de la familia Sackler. El acuerdo también indica que la empresa pasaría a manos de gestores y concedería a sus acreedores los beneficios futuros de Oxycontin y de fármacos en desarrollo.

Sin embargo, algunos de los estados que no han aceptado dejaron claro la semana pasada que pretenden oponerse al acuerdo en el tribunal de quiebras y pedir que sus demandas contra miembros de la familia propietaria continúen en cortes estatales.

“Mi oficina está preparada para exigir responsabilidades a los Sackler, independientemente de si Purdue se declara en bancarrota o no”, afirmó la semana pasada en un comunicado el secretario de justicia de Illinois, Kwame Raoul.

Dependerá de Robert Drain, el juez federal de bancarrotas en White Plains, Nueva York, determinar lo que ocurre a continuación. Esto incluye decidir si esas demandas de estados contra miembros de la familia Sackler pueden seguir adelante. Incluso si las frena, podría tener en cuenta las acusaciones que plantean en su tribunal.

Para Purdue y los Sackler, todo gira en torno a conseguir que más estados acepten el acuerdo, lo que haría más probable resolver el asunto con acuerdos negociados.

“Confiamos en que con el tiempo, esas partes que aún no lo apoyan terminen centrándose en los recursos cruciales que proporciona el acuerdo para la gente y los problemas que los necesitan”, indicaron en su comunicado los familiares de los fallecidos propietarios de la firma, Mortimer y Raymond Sackler. “Pretendemos trabajar de forma constructiva con todas las partes para intentar aplicar este acuerdo”.

La familia Sackler apareció en 2016 en la lista Forbes de los 20 más ricos de Estados Unidos. En un documento judicial presentado la semana pasada, la fiscalía general de Nueva York alegaba que la familia se ha transferido a sí misma mil millones de dólares a través de una cuenta en Suiza y otras cuentas secretas.

Aunque algunos estados aceptaron el pacto la semana pasada, otros expresaron su frustración por la cantidad de dinero, afirmando que la familia debería garantizar más, y que el acuerdo preliminar no responsabiliza adecuadamente ni a la familia ni a la empresa por su papel en la creación de una crisis de adicciones que ha matado a más de 400.000 estadounidenses en las últimas dos décadas.

En documentos judiciales, los Sackler y la firma han combatido las acusaciones de que su empresa jugó un papel clave en provocar la crisis nacional al exagerar los beneficios de sus potentes analgésicos con receta y restando importancia al riesgo de adicción. Los fármacos de la empresa suponen una pequeña parte de los opiáceos con receta que se han comercializado durante estos años, y la mayoría de las sobredosis letales se han relacionado con opiáceos ilegales como la heroína o fentanilo de fabricación clandestina.

El acuerdo no incluye una admisión de responsabilidad, indicó Steve Miller, presidente de la junta directiva de Purdue, en una conferencia telefónica con periodistas.

“La alternativa es no llegar a un acuerdo, sino reanudar la litigación”, dijo.

Conforme las batallas legales se alargan, señaló, crecen los costes para la compañía, lo que deja menos dinero para los demandantes.

“Reanudar la litigación mermaría con rapidez todos los recursos de la empresa y sería malo para todos”, dijo. “Lo que sea que quiere la gente no es una opción ahora”.

Un resultado probable de la declaración de quiebra es que la compañía será eximida de su primer juicio federal sobre los estragos causados por los opiáceos, que iba a comenzar el 21 de octubre de Cleveland. Tras varios acuerdos más pequeños, siguen acusadas la farmacéutica Johnson & Johnson y sus filiales, así como distribuidores de medicamentos y una cadena de farmacias, Walgreens.