El número de procesos penales y condenas a contaminadores ha llegado a su nivel más bajo en 25 años durante el gobierno del presidente Donald Trump, de acuerdo con estadísticas del Departamento de Justicia.

Y si bien Washington asegura que se enfoca en calidad sobre cantidad en los casos de contaminación, y que emplea sus recursos para ir tras los más grandes y peores contaminadores, un análisis de The Associated Press halló pocas señales de que eso ocurra hasta ahora en casos ante la corte cerrados en 2019.

La administración de Trump ha ido tras pequeños contaminadores, como barcos pesqueros, y no tras grandes compañías

Los procesos penales por contaminación iniciados y ganados este año bajo el gobierno de Trump parecen ser excepcionales y pequeños, como el de un capitán de un barco pesquero en Alaska que permitió que el equipo de filmación de un reality televisivo filmara a su tripulación arrojando desechos por la borda en un estrecho de Alaska en 2017.

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La vocera de Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), Melissa Sullivan, dijo el jueves que “no es inusual” que los casos penales complejos tomen años en pasar de las investigaciones iniciales a la presentación de cargos. Sullivan añadió que algunas estadísticas, como el incremento en un año de 107 a 133 en el número total de acusados en casos penales, subieron en 2019.

“Hemos dedicado recursos considerables a pesquisas más grandes y complejas con mayor beneficio para el medio ambiente y la salud pública”, aseveró el portavoz del Departamento de Justicia, Wyn Horbuckle, en un comunicado. “Tales casos han dado como resultado miles de millones de dólares en sanciones penales”.

Sin embargo, un grupo observador y un exoficial de la EPA afirmaron que tres años de declive en las cifras muestran que el gobierno de Trump ha eliminado las investigaciones y los procesos penales en la agencia.

“Lo que esos números en los últimos tres años muestran es el desmantelamiento, inteligentemente, de este programa”, subrayó Michael Hubbard, un ex agente especial a cargo de la división de investigación penal de la EPA en Nueva Inglaterra.

Es la manera en que el gobierno de Trump “incrementa el riesgo para la salud y el medio ambiente para beneficio de funcionarios corporativos que desean hacer más dinero”, sostuvo Hubbard.

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