Manifestantes protestan frente a la legislatura en Pierre, Dakota del Sur, 18 de febrero de 2020. La leyenda en el cartel dice “Nuestra voz no será acallada”. Imagen, AP.

 Grupos de derechos civiles anunciaron el miércoles que presentarán una demanda contra el intento del presidente Donald Trump de prohibir que las personas que viven en Estados Unidos sin autorización sean contabilizadas para la redistribución de distritos legislativos.

Los grupos, que ya habían presentado una demanda contra el intento de Trump el año pasado de hacer que la Oficina del Censo extraiga información sobre ciudadanía de los registros administrativos, solicitaron ante un tribunal federal permiso para ampliar su querella para que abarque también a la directriz emitida el martes.

Una juez federal en Maryland aprobó el miércoles la solicitud, en una audiencia realizada por teléfono.

“Justo cuando pensábamos que el tema estaba resuelto viene esta orden que deja todo sin resolver”, declaró la juez federal de distrito Paula Xinis.

La primera demanda del grupo de derechos civiles contrariaba la orden administrativa emitida por Trump el año pasado luego que la Corte Suprema bloqueó su intento de hacer que el censo del 2020 incluyera una pregunta sobre ciudadanía. Los activistas temían que tal pregunta inhibiera la participación de inmigrantes sin documentos y de minorías étnicas en el censo.

La orden pedía a la Oficina del Censo extraer información sobre ciudadanía de los registros de las agencias federales y estatales. El mandatario argumentaba que con ello los estados tendrían la posibilidad de trazar sus distritos electorales en base a los habitantes en edad de votar, en vez de a toda la población.

La demanda de los activistas en Maryland denuncia que la medida es “racialmente discriminatoria” y que trata de disminuir la influencia política de los hispanos y de aumentar la de los blancos. Los datos administrativos, añade la queja, son con frecuencia inexactos.

La Oficina del Censo está en medio de su conteo poblacional, realizado cada diez años, que decide la asignación de 1,5 billones de dólares en fondos federales y el número de escaños en el Congreso para cada distrito electoral. Más del 62% de la población ya ha respondido, y empleados del censo la semana pasada empezaron a ir en persona a los hogares que no han respondido aún. La agencia envió hace pocos días 34,2 millones de postales por correo, exhortándole a la gente a participar.

Abogados del gobierno estadounidense le pidieron a la jueza desestimar la demanda en Maryland.

Xinis declaró el miércoles que se inclinaba a favor de hacerlo porque no había manera de saber si las legislaturas estatales usarían los datos de ciudadanía al trazar los distritos electorales, lo que sembraría dudas sobre si los demandantes tienen fundamento, y algunos estados tendrían que reformar sus leyes para hacerlo.

Pero la orden más reciente de Trump “realmente cambia el panorama”, expresó la magistrada.

“La primera orden ejecutiva está vinculada con la segunda orden ejecutiva”, manifestó Xinis.

“La segunda orden ejecutiva resuelve algunas dudas que teníamos todos en cuando a si la demanda tiene fundamento”, añadió.

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