México presentó el lunes la solicitud de extradición del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, para juzgarlo por corrupción mientras enfrenta un juicio en Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico.

La cancillería mexicana dijo que la petición se hizo a través su embajada en Washington y a solicitud de la Fiscalía General, que a finales de noviembre emitió una orden de captura contra García Luna por enriquecimiento ilícito de casi 28 millones de pesos (más de 1.3 millones de dólares).

García Luna está acusado por fiscales estadounidenses de cargos que incluyen asociación ilícita para el tráfico de cocaína, falso testimonio y participación en una organización criminal.

El exfuncionario, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno de Felipe Calderón, se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero del Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cambio de permitir que éste traficara cocaína.

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México oficializó su solicitud semanas después de lograr que Estados Unidos devolviera al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, tras retirarle los cargos por los que se le había detenido en Los Ángeles, y después de que el canciller Marcelo Ebrard subrayara que el gobierno mexicano no quiere que sus servidores públicos acusados de corrupción sean enjuiciados en Estados Unidos.

El anunció coincide con una audiencia llevada a cabo por teléfono debido a la pandemia, en la que César De Castro, abogado de García Luna, dijo que su cliente no ha podido examinar las pruebas de su caso desde el 28 de octubre porque se encuentra aislado debido a las medidas para evitar la transmisión del coronavirus.

En la audiencia del lunes, De Castro dijo que no ha podido hablar con su cliente desde el 20 de octubre y que éste fue colocado en una unidad de máxima seguridad y luego en cuarentena. El juez Brian Cogan pidió a los fiscales presentes en la audiencia que hagan todo lo posible para lograr que las pruebas lleguen a García Luna.

Según la última carta que la fiscalía envió al juez y que se está disponible en el sistema electrónico de la corte, el gobierno estadounidense ha presentado más de 955,000 documentos que conforman las pruebas del caso.

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Exfuncionario espera ir a juicio

El juez Cogan fijó la próxima audiencia judicial el 17 de febrero del 2021. García Luna espera ir a juicio.

La semana pasada los fiscales del caso pidieron al juez que les permita mantener selladas algunas pruebas que identificarían a testigos en el juicio. Los fiscales advirtieron que, si esas evidencias se hacen públicas, García Luna o sus cómplices podrían poner en peligro la vida de los testigos. Esas pruebas, que incluyen fotografías, documentos financieros y grabaciones, no se mostrarían a García Luna, su abogado, ni al público general, como solicitaron los fiscales.

“El acusado y sus conspiradores podrían llevar a cabo una campaña de acoso, intimidación y/o violencia contra los testigos y sus familias antes del juicio, para castigarlos por su cooperación, disuadirlos de testificar contra él y frenar así la cooperación de otros”, escribieron los fiscales.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador siempre consideró a García Luna un ejemplo de cómo gobiernos anteriores fueron corrompidos por el crimen organizado. Sin embargo, en el caso de quien fuera jefe del ejército con su predecesor, Enrique Peña Nieto, puso en duda la validez de las pruebas.

No está claro si en el caso de García Luna el objetivo sería traerlo al país antes que pueda ser sentenciado en Estados Unidos o después de que cumpliera una eventual condena, como ha ocurrido en otras ocasiones. Los procesos de extradición, si el afectado apela, pueden ser largos.

La solicitud de extradición de García Luna llega a días de que el presidente mexicano planteara restringir los movimientos de los agentes de Estados Unidos en México y eliminaría su inmunidad diplomática.

La propuesta presentada por López Obrador al Senado la semana pasada aspira a que los operadores de la agencia antidrogas DEA entreguen al gobierno toda la información que recopilen, y exigirá que todo funcionario mexicano que sea contactado por los agentes presente un informe completo a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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