El Senado mexicano aprobó una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para restringir las actividades de los agentes estadounidenses en el país y despojarles de su inmunidad diplomática. La medida aguarda la aprobación de la Cámara de Diputados.

La propuesta además estipula que todos los agentes extranjeros, del país que sean, deben revelar a las autoridades mexicanas la información que tengan.

La ley fue aprobada por el Senado el miércoles con 72 votos a favor y 14 en contra, y con algunas modificaciones menores, como por ejemplo una vaga promesa de mantener en confidencialidad cualquier información compartida con México.

México suele depender de agentes estadounidenses para recabar datos de los cárteles de drogas, pero a su vez en ocasiones esos datos son filtrados; han ocurrido casos en que funcionarios corruptos le pasan los datos a los cárteles.

La ley incluye un reconocimiento explícito de que los agentes extranjeros pueden portar armas en territorio mexicano: “Autoriza portar las armas de fuego que, en su caso, les autorice la Secretaría de la Defensa Nacional”.

La propuesta entregada por López Obrador le exige a los agentes la DEA entregar toda la información que hayan recabado y requiere de los funcionarios mexicanos que contacten un reporte completo a las autoridades federales mexicanas.

En la mayoría de los países, el principal agente de la DEA tiene total inmunidad diplomática y los demás agentes gozan de cierta inmunidad limitada. La propuesta acaba con eso.

Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, vaticinó que la información “será filtrada y tanto informantes como agentes quedarán expuestos”.

Los antecedentes de las filtraciones de información son bien conocidos. En el 2017, el comandante de una unidad de inteligencia de la policía mexicana fue acusado de pasarle los datos recibidos al cártel Beltrán Leyva a cambio de millones de dólares.

La propuesta además exige que todo empleado público mexicano, ya sea a nivel federal, estatal o local, que intercambie una llamada telefónica o un mensaje de texto de con un agente estadounidense deberá entregar un reporte a las autoridades federales.

“Esto será una carga enorme. Perjudicará las relaciones bilaterales, mermará el intercambio bilateral de información y al final será más perjudicial para México que para Estados Unidos”, opinó Vigil.

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