Agentes del FBI acudieron el martes a un templo hindú de Nueva Jersey después de que una nueva demanda aseguró que el lugar fue construido por trabajadores de comunidades marginadas de la India que fueron traídos con engaños a Estados Unidos y obligados a trabajar durante largas jornadas a cambio de unos cuántos dólares al día.

La demanda acusa a los líderes de la organización hindú conocida como Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) de tráfico de personas y violaciones a la ley de salarios.

Un portavoz del FBI confirmó que los agentes estuvieron en el templo para llevar a cabo “actividades policiales autorizadas por la corte”, pero no dio más detalles. Uno de los abogados que presentaron la demanda dijo que algunos de los trabajadores habían sido retirados del lugar el martes.

La demanda asegura que más de 200 trabajadores — de los cuales muchos no habla inglés — fueron coaccionados para firmar acuerdos laborales en la India. Viajaron a Nueva Jersey con visas R-1, las cuales están destinadas para “aquellos que ministran, o trabajan en vocaciones u ocupaciones religiosas”, según la denuncia. 

A su llegada, asegura la demanda, se les quitaron los pasaportes y se les obligó a trabajar en el templo desde las 6:30 de la mañana a las 7:30 de la noche, con pocos días de descanso y por unos 450 dólares mensuales, una tasa que según la denuncia equivale a 1,20 dólares por hora. De ese monto, los trabajadores supuestamente sólo recibían 50 dólares en efectivo al mes, y el resto se les depositaba a sus cuentas bancarias en la India.

Según la denuncia, los trabajadores explotados eran dalits, miembros de la clase más baja de las castas jerárquicas del sur asiático.

Daniel Wener, abogado que representa a varios de los trabajadores, dijo que es “sorprendente que esto suceda en nuestro patio trasero”.

“Es incluso más perturbador que haya sucedido durante años en Nueva Jersey detrás de las paredes del templo”, dijo Werner el martes a las afueras del complejo. Señaló que algunos de los trabajadores estuvieron en el lugar por uno o dos años, o incluso más, y que no se les permitía salir a menos que estuvieran acompañados por alguien de BAPS.

El director general de BAPS, Kanu Patel, quien es nombrado como acusado en la demanda, declaró al The New York Times: “Estoy respetuosamente en desacuerdo con los señalamientos salariales”.

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