jueves, junio 30, 2022

Fiscales republicanos buscan castigar a inmigrantes con «carga pública» que soliciten Green Card

La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó el pasado viernes revisar la solicitud de 13 fiscales republicanos estatales del país que pidieron reinstaurar una política antiinmigrante que impuso el expresidente Donald Trump, y que el mandatario Joe Biden eliminó al iniciar su Gobierno.

La política en cuestión es la de carga pública, la cual es un obstáculo para que inmigrantes indocumentados puedan ser elegibles para solicitar la residencia permanente, mejor conocida como “Green Card”, si han pedido ayudas gubernamentales federales.

Previamente, la medida se limitaba a valorar si el solicitante extranjero dependía de ayuda en efectivo, pero en el 2019, bajo el Gobierno de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional la amplió para incluir otro tipo de beneficios que, si los inmigrantes los usaban, no podían acceder a la Green Card. Entre estos beneficios adicionales se cuentan Medicaid, cupones de comida y asistencia para la vivienda.

Corte Suprema

Esta política de Trump fue eliminada por el Gobierno de Biden, pero 13 fiscales pidieron a la Corte Suprema que la revisaran para su posible reinstauración.

Ahora, la Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora, ha aceptado revisarla política, lo cual es un problema peligroso a la luz de que un juez federal en Texas ya ordenó un programa de Trump, el cual es conocido como “Quédate en México” y que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en sitios inseguros de México a que se resuelvan sus peticiones legales en Estados Unidos.

La carga pública se basa en el concepto de ayuda pública, la cual es el apoyo de programas sociales, como Medicaid, cupones de alimentos (SNAP), ayudas para viviendas, durante 12 meses en un periodo de tres años.

Biden evitó implementación

La política de Trump tenía programado implementarse en febrero del 2020, pero el Gobierno de Biden eliminó la medida.

En la regla de Trump, la característica de carga pública pondría en la evaluación numerosos aspectos de la vida del solicitante inmigrante.

Por ejemplo, habría preguntas sobre su edad, si es un niño menor de edad, o si es mayor de 62 años; sobre la salud, especialmente el tipo de seguro que recibe; sus estudios o capacitación para laborar; si el solicitante trabaja o no, o si tiene una oferta laboral en el futuro; también se les pregunta sobre su situación familiar, entre otro tipo de preguntas cuyas respuestas tendrían un impacto ya se positivo o negativo para que se les acepte su residencia permanente.

Una ley de carga pública está aplicada, pero no es tan estricta como la que fue pedida por el Gobierno de Trump.

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