lunes, septiembre 26, 2022

¿Tienen derechos los indocumentados en Estados Unidos?

Alrededor de 11 millones de inmigrantes son indocumentados. ¿Tienen derechos en Estados Unidos como los ciudadanos?

La formación de Estados Unidos ha sido conformada por inmigrantes. De hecho, a excepción de los nativos americanos, todos los habitantes del país son inmigrantes o descendientes de inmigrantes que llegaron ya sea de manera forzada o de manera voluntaria.

Dada esa situación, la Constitución de Estados Unidos está diseñada para incluir a todos; sin embargo, políticas antiinmigrantes y xenófobas han destruido este gran avance para la inclusión. Estas políticas continúan en Estados Unidos; uno de los mejores ejemplos es la reinstauración de la política del expresidente Donald Trump Quédate en México” (la cual obliga a solicitantes de asilo a esperar el proceso de sus casos en México) o el Título 42 (que rechaza de manera expedita a cualquier migrante por causas de salud como por la pandemia de COVID-19), también impuesta por Trump.

Según recoge la Unión Estadounidense por la Libertades Civiles (ACLU), la Constitución de Estados Unidos aplica para todas las personas que habitan dentro de las fronteras de la nación, incluyendo “extranjeros cuya presencia en el país es ilegal”.

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Derechos de indocumentados en Estados Unidos

La Constitución también señala que el Gobierno federal puede utilizar su poder para supervisar la inmigración al país y puede incluso discriminar en base a su “extranjerismo”. Así tenemos “Quédate en México” y Título 42, aunque esta medida está enmascarada como política de salud.

Pero cuando un inmigrante se encuentra en suelo estadounidense, tiene los mismos derechos que todos los demás ciudadanos, como libertad de expresión, libertad religiosa, el derecho a ser tratados justamente, derecho a la privacidad, y otros derechos fundamentales del país.

Debido a que los inmigrantes no tienen derecho a entrar a Estados Unidos, si lo hacen de manera ilegal están sujetos a ser deportados. Sin embargo, desde un caso judicial de 1903, Yamataya v. Fischer, el Servicio de Inmigración y Naturalización no puede deportar a nadie sin haberle dado una audiencia que cumpla con el proceso constitucional estándar.

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