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Padres de Ayotzinapa, sentimientos encontrados ante avances

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Padres de Ayotzinapa, sentimientos encontrados ante avances
Un familiar de uno de los 43 estudiantes universitarios de Ayotzinapa desaparecidos marcha con un cartel que tiene la imagen de su ser querido y la frase "¡Vivo se lo llevaron!", en la Ciudad de México, el lunes 26 de septiembre de 2022, al cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, en 2014. (Foto AP/Marco Ugarte)

Con las fotografías de sus hijos en sus pechos, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México en 2014 participaron el lunes en la enésima marcha para exigir justicia esta vez con sentimientos encontrados ante actitudes del gobierno que parecen avanzar por un lado y retroceder por otro.

“Hay muchas cosas encontradas”, comentó con una rosa en la mano Clemente Rodríguez, padre de uno de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa que hace ocho años fueron atacados por distintas fuerzas de seguridad y autoridades coludidas con el crimen organizado en Guerrero. “A veces nos dan una información, sí vamos a actuar, pero luego patinamos en lo mismo”.

Y lo mismo es la falta de respuestas sobre que pasó realmente esa noche en la localidad de Iguala —porque el anterior gobierno ocultó la verdad— y cuál fue el destino final de los jóvenes, todos presuntamente asesinados aunque solo se encontraron los restos de tres, uno de ellos Christian Alfonso, el hijo de Rodríguez.

En las últimas semanas, la Comisión de la Verdad, una entidad oficial creada en la actual administración, calificó el caso de “crimen de Estado” porque según indicó autoridades de todos los niveles de gobierno estuvieron involucradas en las desapariciones y su encubrimiento y ofreció nuevos datos que confirmaban la participación del ejército en los hechos.

También hubo detenciones importantes de tres militares, entre ellos un mando en la zona y ahora general retirado, y la del ex procurador general Jesús Murillo Karam, acusado de inventar una verdad paralela a base de torturas y manipulación de evidencias.

Pero algunas sentencias absolutorias, la filtración al diario Reforma de datos del informe de la Comisión que no se dieron a conocer a las familias o la anulación de 21 órdenes de captura, 16 de ellas de militares, por parte de la fiscalía federal — según documentos publicados por el diario El País—, ha indignado a los padres.

“Se le dijo muy claro al gobierno mexicano”, explicó Rodríguez. «Si hay gente adentro del anterior gobierno pues que los corran (los despidan) para que esto pueda avanzar y haya una verdad donde nos convenzan”.

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El caso Ayotzinapa en México, 8 años después

Al ser preguntado el lunes sobre la decisión que tomó a fiscalía, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se investigará la medida y admitió que “hay diferencias” en esa institución aunque no profundizó sobre ese punto. “Esto no quita que la investigación continúe”, agregó.

El Centro Prodh, la ONG de derechos humanos encargada de representar legalmente a las familias de los estudiantes, calificó ese tipo de actuaciones como muy inusuales y preocupantes. La fiscalía no ha hecho comentarios al respecto.

El punto más delicado sigue siendo el Ejército, la institución contra la que los padres arremetieron desde hace ocho años. “Siempre estuvimos señalando a los cuarteles militares, al Ejército y vamos a llegar a las últimas consecuencias”, insistió Rodríguez.

Por eso las exigencias de verdad y justicia y el grito de “fue el ejército” volvieron a recorrer el centro de México, que se blindó ante la posibilidad de que hubiera algún brote violento como los ocurridos en actos de protesta de las últimas semanas.

López Obrador aseguró el lunes en que los militares detenidos deberán asumir su responsabilidad pero sostuvo que “eso no significa que es toda la institución la responsable” y volvió a respaldar a las fuerzas armadas, a quienes ha multiplicado el poder y las funciones en los cuatro años que lleva en el gobierno.

También dijo que el ejército ha colaborado con la investigación del caso aunque los abogados de las familias afirman que el acceso a sus documentos ha sido muy costoso y complicado y que todavía falta mucha información a la que no han tenido acceso.

Siempre se supo que el ejército tuvo conocimiento en tiempo real de lo que pasó esa noche porque estaba en lugares clave y uno de los jóvenes era un soldado infiltrado pero el presidente de la Comisión, Alejandro Encinas, dijo además que presuntamente fue el general detenido quien habría ordenado matar a algunos de los muchachos.

El informe de esta entidad, parcialmente tachado, apuntaba también a que hubo soldados que manipularon y escondieron presuntos restos de los estudiantes en las instalaciones del batallón de Iguala, hechos que el diario Reforma, que obtuvo una versión íntegra del texto, afianzó con muchos más detalles que no se habían contado a los padres.

El presidente ha insistido en que se den a conocer los textos íntegros de la Comisión y descartó que la filtración pueda afectar al proceso, como denunciaron los abogados de las familias y el propio Encinas.

El grupo de expertos internacionales que lleva desde 2015 investigando el caso todavía no se ha pronunciado sobre las últimas novedades. Los padres afirmaron que será entonces cuando ellos harán un pronunciamiento más firme.

Mientras tanto y separándose de las protestas violentas, las familias insistieron en que lo que les ha dado fuerza en estos años es la gente. “Nos enfermamos, muchos se han ido (fallecieron) y la esperanza está en la sociedad que siempre nos acompaña”, afirmó Rodríguez.